El nuevo régimen prevé que si se ha cotizado 33 años los trabajadores podrán jubilarse a los 63 años, eso sí con una penalización. La jubilación anticipada será voluntaria sin necesidad de un despido previo, reconociéndose dicho derecho también para los trabajadores autónomos.

La pensión mínima se obtendrá siempre que se haya cotizado un mínimo de 15 años.

En las profesiones que se clasifiquen como peligrosas los trabajadores podrán jubilarse antes de los 67 años sin penalización alguna. No obstante aquellas profesiones que no entren en ese catálogo la opción para una jubilación anticipada tendrá un coste de 7,5% por cada año que se anticipe la jubilación.

Se amplía notablemente el periodo de cálculo de las pensiones pasando de los 15 años actuales a 25. A partir del año 2022 se utilizarán los últimos 25 años para el cómputo de la prestación.

La seguridad social incentivará el retraso de la edad de jubilación premiando con un 3,5% más de tensión anual a aquellos que retrasen de forma voluntaria el momento para jubilarse.

Se incentivará el cuidado de los hijos de forma que se sumarán nueve meses por cada hijo a la cotización acumulada de la vida laboral siempre que ello suponga un abandono del puesto de trabajo por razón de su cuidado.

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De esta forma ahora un autónomo paga el 29 % de la cantidad que él libremente elija entre los 814 y los 3000 euros de base, esto es entre los 236 y los 870 euros de cuota aproximadamente (hay que aumentarlo un poco por otros conceptos).  El nuevo sistima hará obligatorio que el autónomo que gane una media de 1500  euros netos mensuales tenga, obligatoriamente, que pagar un 29 % de dicha cantidad en concepto de cotizaciones sociales.

Ante este panorama y el resto de medidas que se nos lanzan (subidas de las edades mínimas de jubilación de 65 a 67 años y ampliación del plazo para el cálculo de las pensiones) solo nos cabe pensar que cualquier intento de planificación en este pais es inutil, ya que la inseguridad jurídica que provocan las constantes modificaciones del sistema hace que cualquier decisión basada en la legislación vigente en un plazo mínimo de 4 o 5 años se vuelva precisamente contraria a lo que se pretendía. ¿Quién quiere ser autónomo?

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